Hace una semana, la nueva presidenta de Castilla La-Mancha, María Dolores de Cospedal, anuncio en una rueda de prensa el mayor recorte en el presupuesto de una administración pública llevada a cabo en España. La cifra del 20% de disminución del gasto público es una grata novedad, más si cabe cuando hasta hace poco la tendencia era presumir de lo mucho que gastaban los diferentes niveles del gobierno.
La reducción llevada a cabo por el ejecutivo castellano-manchego ejemplifica algo que yo he sostenido a lo largo de los meses: que una de las cosas buenas que tenía España es que había mucho despilfarro y gastos supérfluo de los que prescindir.
Así, el gobierno del PP ha eliminado instituciones y proyectos inútiles, de escasa efectividad o redundantes respecto a otras administraciones. La supresión del defensor del pueblo autonómico, del Instituto del Vino, de la representación del Castilla La Mancha en Bruselas, son una breve muestra de las cosas que se pueden suprimir antes que bajar el sueldo a los funcionarios, o congelar pensiones.
La profusión que ha tenido este proyecto presupuestario tiene una intencionalidad obvia: plasmar en hechos una parte sustancial del programa económico que aplicará el Partido Popular en caso de resultar victorioso en las urnas el 20-N. Por esto se ha destacado tanto en los medios de comunicación, tanto a favor como en contra.
Y es que estamos en plena evolución a un sistema en que se tolere cada vez menos a las políticas manirrotas. Al igual que no es un buen médico el que más medicamentos receta, tampoco es un buen político el que más gasta. Hay que dejar más dinero a los ciudadanos y menos a las administraciones.
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