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miércoles, 19 de enero de 2011

Todo tiene que cambiar V.: Las comunidades autónomas.

Retomo otra vez esta serie de entradas. Y sobre un aspecto de la situación nacional que este fin de semana ha empezado a abrirse camino: las comunidades autónomas.

Cualquiera que analice el paronama político español con seriedad y rigor contempla con pasmo las entidades llamadas comunidades autónomas. Y es que el problema fundamental de las autonomías es la irresponsabilidad inherente a su funcionamiento.

Me explico: estos organismos se basan en las transferencias del estado central a las comunidades autónomas. ¿Esto que significa?. Pues que se asigna a éstas la tarea de realizar determinadas competencias estatales, a saber: sanidad, educación, justicia, etc.. 

¿Cómo pueden llevar a cabo estas competencias las autonomías? Gracias a una inyección constante de fondos estatales procedentes de nuestros impuestos, y he aquí la clave del problema. Al no tener que recaudar el dinero necesario para acometer estas obligaciones gubernamentales, los políticos regionales que controlan las comunidades autónomas gastan sin control, según los criterios partidistas de cada camarilla autonómica.

El resultado es evidente: más de dos tercios del gasto total del estado español corresponde a las entidades autónomas, generando una deuda pública inmensa y difícil de controlar. Por mucho que el gobierno central quiera reducir los gastos generales, será imposible disminuir el déficit público si no se mete mano a las cuentas autonómicas.

Por otra parte, existe la cuestión del límite de las transferencias que se pueden hacer a cada comunidad, un limbo jurídico que ningún gobierno se ha atrevido a afrontar . Este hecho ha permitido, sobre todo a los partidos nacionalistas, reclamar competencias de forma irresponsable.

Este fin de semana, por primera vez, se ha planteado desde diferentes fuentes la necesidad de reformar este situación. Y en mi opinión, la reforma  debe pasar por la recuperación por parte de la administración central de muchas de las competencias asignadas a las autonomías, y que ellas mismas recauden el dinero preciso para desarrollar su labor.

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