Una de las consecuencias de la ley electoral es el surgimiento en España de una "casta" de políticos privilegiados y despegados de la realidad que se mueven únicamente por el interés de sus partidos y de ellos mismos.
De esta maldición no se libra ningún partido. Una persona integrada en el aparato de un partido español sabe que la mejor manera de medrar en su seno es estar callado y presto para las indicaciones de los dirigentes. La ley para los partidos políticos posibilita que apenas haya democracia interna, y por ende, cualquier debate que no se permita desde arriba.
La existencia de listas cerradas para cada elección que se celebra en este país da un enorme poder a las cúpulas de las agrupaciones políticas, ya que pueden excluir de las mismas a quien haga demasiado ruido. Esto sin contar el control de la financiación de las campañas y las ayudas públicas.
El cúmulo de privilegios de los cargos electos en nuestro país es apabullante. A las dietas libres de impuestos, la asignación máxima de la prestación por jubilación, coches oficiales, desgravaciones, etc., hay que sumar un régimen de incompatibilidades laxo y la discreccionalidad en la designación de cargos de confianza y asesores.
Resulta obvio señalar, que si por ellos fuera, este estado de cosas se mantendría ad infinitum, pero ello es imposible en la situación de catástrofe económica que padecemos. Cuando se nos mande realizar las reformas para reflotar la economía. la más probable es que se incluya estos abusos de los políticos.
Todo tiene que cambiar. YA.
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